A propósito del llamado a desarme de la población

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Santo Domingo, Rep. Dom._Dice el jurista Ángel Monero que  “nuestra crisis es fomentada con conciencia de clase dominante. Los comehaitianos son los empleadores explotadores de haitianos, los persecutores y críticos de la droga la patrocinan, y los persecutores del delito se asocian con los delincuentes. O sea, que la criminalidad es un acto propiciado por el Estado y sus principales actores para mantener su status”.

Como funcionario de policía fui un hombre de armas y uniforme por 27 años. A pesar de ello, no creo en las armas ni en el uso de su fuerza, excepto en casos de necesidad inminente.  Sin embargo, si nos enfocamos en el contexto general de la población, considero un error y no oportuno el llamado al desarme de la población por parte del ministro de Interior y Policía, y que cabe señalar que no es la primera vez que se plantea el tema, incluyendo a otros funcionarios.

Es bien sabido que no se toma en cuenta la opinión de la gente, por lo que no entendemos el por qué de escuchar constantemente anuncios de las autoridades a través de los medios sobre acciones que están contenidas entre sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente la recordaran.

Definitivamente, nuestras autoridades son muy caras e ineficientes, pues es evidente que no cumplen y los roles del Estado están invertidos con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos y la aplicación de la ley con autoridad, resaltando lo más prioritario: la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población.

Las necesidades básicas son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales, y de los cuales la seguridad es uno, y es el más demandado por la población, siendo el control de las armas legales e ilegales parte de esta responsabilidad del Estado.

Una vez resaltado que la seguridad es un derecho humano, si los gobiernos y demás autoridades no dan cumplimiento a ese derecho son entonces incapaces, o mejor dicho, irresponsables, y entonces cada quien tiene el derecho de protegerse por sus propios medios.

Parecería que dichas autoridades estimulan la ilegalidad y descontrol de las armas blancas y de fuego al permitir tantas contradicciones e ineficacias por parte de sus funcionarios que, para colmo, viven distrayendo con propagandas y simulaciones.

A los gobiernos, con sus presidentes y demás funcionarios del Estado a la cabeza, corresponde garantizar la seguridad de la población y sus propiedades; igualmente prevenir, regular y controlar lo referente a las armas, tal como manda la Ley 36, es compromiso, es juramento por parte de las autoridades del Estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte y tenencia de armas ilegales, y por el tráfico de las mismas.

Asimismo, por la violación a la ley general de aduanas, la importación o introducción de armas por canales ilegales e irregulares, y de ahí que no entendemos qué persiguen las autoridades con estos necios y ruidosos anuncios, los cuales a mi entender solo buscan distraer frente a su incapacidad, por lo que cabe preguntarse: ¿Y es que serán socios o ejecutan las tareas como negocio protegido del tráfico ilegal de armas y otros?

¿Por qué se prohibió la importación de armas en 2006 y sigue vigente el decreto 309-06?

¿Por qué el Gobierno dificulta, incrementa los precios y los impuestos para el porte y tenencia legal de armas de fuego?

¿Quiénes serían los más beneficiados con una medida de desarme? ¿Beneficiará realmente a los ciudadanos?

¿Por qué y para qué este llamado de desarme?

¿A quiénes realmente quieren desarmar las autoridades?

¿Cuál es la intención real del Estado cuando habla del desarme de la población? ¿Dónde están las armas del caso de Aduanas en Santiago y por qué siguen sueltos los acusados?

¿Por qué no consensuar la medida con todos los sectores a través de debates por tratarse de un asunto muy complejo?

¿Quién nos protegerá de los abusadores, de los delincuentes, criminales armados y de todos los que poseen armas ilegales y de guerra?

Les invito a la reflexión, haciendo el ejercicio de cada quien dar sus respuestas.

Por mi parte las consideraciones al respecto, y en conclusión: es evidente que la prohibición de importación de armas favorece el tráfico y trasiego de armas ilegales, estimulando la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad en general. Al mismo tiempo perjudica a los comerciantes legitimados, al fisco y sobre todo aumenta la inseguridad para la población honesta y trabajadora que está cada vez más amenazada, dificultando protegerse por sus propios medios legalmente.

Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás organismos del Estado que están facultados para el porte y uso de armas a favor de la seguridad ciudadana no han podido garantizar la protección de la población general y mucho menos conquistar la confianza de la ciudadanía. Además, no cumplen con los mandatos y regulaciones de los convenios internacionales para el uso de la fuerza, siendo las armas de fuego la principal herramienta de fuerza. Pero también dejan de lado la Ley 672, que trata de la conducta ética de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales, y en los que se incluyen policías, militares y organismos de seguridad.

Se han presentado y están en estudio varios anteproyectos  para modificar la Ley 36; no rechazamos las revisiones y actualizaciones, pero está claro que el problema no es de más leyes ni de modificaciones. Cabe citar a Tácito, Cayo Cornelio, cuya afirmación comparto: “Cuando hay más leyes, es más corrupto el Estado”.

Nuestro país urge de voluntad política y autoridad para aplicar la ley. El desarme per se no es la solución, la criminalidad es multifactorial y multidimensional. Debemos consensuar políticas públicas y estrategias entre todos los sectores sociales.

Los ciudadanos que pagan el porte y tenencia de armas de fuego deben tener la garantía de ese derecho respaldado y regulado adecuadamente, evitando que personas sin condiciones o capacidad obtengan licencia, sin que esto traiga riesgo a los demás ciudadanos que no la portan. Por lo que se hace necesario revisar y fortalecer los requisitos y exámenes para obtener la licencia del porte y tenencia de armas de fuego.

Defiendo cabalmente una política de cero armas por parte de la población, asimismo, que los integrantes de instituciones de seguridad como policías, militares y otros, solo puedan portarlas en servicio, pero primero deben sacarse de las calles las armas ilegales y los criminales y delincuentes que la poseen o portan.

A la ausencia de instituciones capaces de garantizar la persecución y el control de las armas ilegales se suma el mínimo interés del Estado dominicano de tener las condiciones y voluntad para proporcionar la debida seguridad pública a los ciudadanos, y frente a este fracaso en la prevención, el control y la persecución del crimen han provocado que los ciudadanos consideren imprescindible cuidarse por sí mismos.

Por tales razones, lo recomendable es la organización y control estricto para el uso y tenencia de armas de fuego y armas blancas, hasta que estemos preparados para el desarme general en un tiempo que veo difícil el determinar.

Para respaldar nuestras dudas en cuanto a estas medidas de desarme, favor de acceder al siguiente enlace y ver video de Freddy Beras Goico: http://www.youtube.com/watch?v=WwQvKK0yr5U&list=PLo57j7WTaimeHuUdg9LWdFnMcf4YfDsb0&index=3

Algunas estadísticas de interés recogidas en el año 2014 y que nos ayudarán a entender la complejidad y magnitud del problema de la violencia y la criminalidad en relación con las armas en general, de fuego y blancas.

De enero a julio han perdido la vida 576 personas víctimas de armas de fuego y 227 por armas blancas, datos de la Procuraduría General.

El FOB, costo del arma en fabrica, paga  Impuesto selectivo 78 %, 20 % arancel, 18 % ITBIS y 10 mil pesos de permiso de porte y tenencia de un arma de fuego, ascendiendo a un costo promedio de 200 mil pesos  para el arma legal, mientras que en el mercado ilegal el precio es menor de 50 mil pesos para adquirirla.

En investigación que realizara en el 2004, fuente las FFAA, para ese entonces en el país había 120 mil armas registradas en manos de los militares, 50 mil en manos de los policías y 350   mil en manos de la población civil, aproximadamente. Esto excluye las armas de los funcionarios, de los delincuentes y el resto de la población que tiene armas sin registrar, las cuales sobrepasan el millón de armas ilegales de todo tipo, según mi apreciación y de otros analistas del tema.

En estos momentos, según el SISNA, en el país existen 240 mil armas legales en manos de los ciudadanos, de estas solamente 125 mil son renovadas cada año. Desde octubre de 2013 hasta la fecha Interior y Policía ha registrado 40 mil licencias inteligentes a través del Sistema Nacional de Armas (SISNA), dependencia del Ministerio de Interior, y el Laboratorio Balístico y Biométrico  (LABBS) que es una empresa privada asociada al SISNA. Este sistema costó al Ministerio de Interior 20 millones de dólares y el mismo no tiene utilidad para las autoridades de seguridad, por no haber interés en sistematizar las tecnologías de comunicación entre dichas agencias de seguridad.

“La violencia no se previene ni se elimina recogiendo las armas de fuego; solo el fomento de la educación, la cultura y el respeto a la vida de todos (incluyendo la de nuestros enemigos) nos salvaría. Al paso que vamos, terminaremos picándonos a machetazos. ¿Vamos a comenzar a recoger machetes?” Keysi Montás.

El autor además, es miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares, Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, ProDignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos.

(Publicado por primera vez en agosto de 2014).

Dios les bendiga siempre, pueblo Dominicano.

Juan Tomás Taveras
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Autor entrada: www.jornadapolitica.org

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