La crisis en Guatemala se debe a haber arrinconado a las mafias

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El presidente Morales y sus aliados militares y civiles buscan escapar de las acusaciones de corrupción.

POR: MARTÍN RODRÍGUEZ PELLECER

Un juez español describía con tino que a Guatemala le toca construir su democracia y su sistema de justicia independiente sobre cadáveres. Es la herencia de la guerra civil (1960-1996), la penúltima y más sangrienta del continente. Le faltó decir en aquella descripción que el país centroamericano está abocado a construir todo sobre cadáveres y con los criminales que ganaron la guerra rondando por las calles y las instituciones del Estado.

Guatemala está en este momento en una crisis profunda. No sé si cuando este artículo se publique haya ocurrido ya el golpe de Estado que todos esperamos por parte del presidente, Jimmy Morales, y sus aliados militares y civiles que buscan escapar de acusaciones de corrupción y otros crímenes por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Si este golpe ocurre es porque la Cicig y los guatemaltecos estamos más cerca que nunca de avanzar definitivamente en la liberación del Estado de las mafias que lo han cooptado desde 1978. De las mafias y sus financistas, que son los más beneficiados de este sistema político corrupto en un país con una desigualdad sudafricana, en el que la mitad de los 15 millones de ciudadanos ─en su mayoría mayas─ son pobres y en el que el Estado tiene recursos apenas para mantener el statu quo.

La Cicig es un invento de activistas de derechos humanos, que en el 2000 vieron cómo el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) retomaba por las urnas el control sobre el Congreso y sobre las instituciones de seguridad y justicia. Pensaron que una Comisión auspiciada por la ONU, con financiamiento europeo y estadounidense de 18 millones de dólares anuales, y con 150 investigadores y policías guatemaltecos, latinoamericanos y europeos, podría ayudar a desmantelar “las estructuras que producen impunidad en Guatemala”. Después del asesinato de tres diputados salvadoreños a manos de policías guatemaltecos, lograron que la ONU y el Estado de Guatemala firmaran la creación de la Cicig en 2007.

Desmantelar las estructuras que producen impunidad es neurálgico en cualquier democracia. “Producir impunidad” es la mejor descripción para esas estructuras que la dictadura dejó en las instituciones de seguridad y justicia para asegurarse que en la democracia no perderían el poder, que se mantendrían impunes de los crímenes del pasado y del presente. Estructuras que desviaban evidencias en el Ministerio Público, que sobornan a diputados en la elección de jueces y a estos para evitar castigos por crímenes. Así Guatemala llegó a convertirse, según un enviado de la ONU en 2008, en “el país perfecto para cometer un crimen”, con un 98% de impunidad.

Desde 2009, Guatemala empezó una silenciosa revolución desde la justicia: la lucha contra la impunidad. Cuatro mujeres empezaron a aprovechar el apoyo de la Cicig y a hacer que el Ministerio Público trabajara: Gloria Porras, Claudia Paz, Thelma Aldana y la actual fiscal, Consuelo Porras. Desde entonces, la violencia en el país se redujo de 48 asesinatos por cada 100.000 habitantes a casi la mitad, 27 crímenes de este tipo. Y la impunidad se ha reducido lenta pero sostenidamente hasta un 92%, un porcentaje todavía altísimo.

En 2015, este pequeño país centroamericano fue noticia mundial porque después de investigaciones del Ministerio Público y la Cicig, acompañadas de multitudinarias manifestaciones, logró derrocar y procesar judicialmente al presidente Otto Pérez Molina, otro general retirado. Esto se debió a que la Cicig, a cargo del juez colombiano Iván Velásquez desde 2013, empezó a atacar penalmente no solo a las estructuras que producen impunidad sino a la forma en la que se financian para sobornar jueces y crear campañas contra la justicia.

Encontró dos formas de financiamiento desde 2015: el contrabando y los aportes electorales ilícitos. Por el contrabando fue acusado y está siendo juzgado Pérez Molina. Por financiamiento electoral ilícito está siendo acusado el actual presidente, Jimmy Morales. El mandatario es un antiguo actor de un programa de comedia que se postuló a las elecciones por un partido de exmilitares. Ganó en septiembre de 2015 por ser un outsider, un antipolítico. La Cicig y el Ministerio Público no solo encontraron documentos que evidenciaban financiamiento ilegal por dos millones de dólares sino que lograron que 10 de los más grandes empresarios lo reconocieran y convocaran a una conferencia de prensa para pedir perdón al país y a sus familias.

El presidente, acorralado y ya solo con el apoyo de una parte del Ejército, de buena parte del Congreso ─cuyos líderes han sido apresados o están siendo acusados de corrupción─ y de familiares de grandes empresarios también procesados, ha iniciado una ruptura constitucional. Este martes, Morales desacató flagrantemente una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, que le había prohibido obstaculizar el trabajo de la Cicig. El presidente ordenó al Instituto de Migración que no permitiera regresar al país al comisionado Velásquez, que está en una gira de trabajo en Washington.

Se prevé que este miércoles la Corte destituya a los ministros de Estado que no cumplieron con la sentencia y le ordene al presidente permitir el regreso del comisionado. Pero todo apunta a que ni Morales ni sus ministros de Gobernación y Defensa acatarán la orden y que llegarán al extremo de intentar disolver el alto tribunal.

El intento de un golpe de Estado en 1993, al estilo del peruano Alberto Fujimori, ya fue frenado por una alianza inédita de fuerzas sociales, empresariales, medios de comunicación y la presión internacional. El entonces presidente Jorge Serrano Elías intentó perpetrarlo y lo bautizamos el Serranazo. En 2018, esperamos que si no se logra disuadir a Jimmy Morales de su Moralazo, esta alianza vuelva a formarse en Guatemala para resistirlo y regresar a la democracia.

Autor entrada: www.jornadapolitica.org

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